La situación se complica para Telecinco.
La expresión «no gana para disgustos», parece que se creó para describir la situación de Telecinco. En plena crisis de audiencia, los directivos de la cadena están recapitulando la cantidad de multas recibidas a lo largo de los últimos tiempos, incluyendo una que ya ha hecho historia.
Aunque se decía que Mediaset quería blanquear sus contenidos, viendo la manera en la que están exprimiendo sus nuevos culebrones cualquier diría que están haciendo lo contrario. Por todos es sabido que el programa vespertino que presentan Jorge Javier Vázquez y otros colaboradores es uno de los productos más lucrativos de Mediaset. Gracias a sus participantes, consiguen que la audiencia se enganche a las tramas que plantean. Algunas veces, dichas tramas son urdidas sin ningún pudor.
Sálvame se ha convertido en un programa controvertido al que se ha calificado en muchas ocasiones como «telebasura». No en vano, es el espacio televisivo que más quejas acumula por no cumplir el Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia. Más de la mitad de las protestas que tiene la cadena son debidas a este programa.
‘Sálvame’ y ‘Socialité’ y Kiko Hernández, condenados.
Ahora, Kiko Hernández y Telecinco se encuentran en una situación comprometida debido a sus acciones con Juls Janeiro, la hija mayor de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, el día que ella alcanzó la mayoría de edad. El 8 de abril de 2021, la joven celebró sus 18 años, y programas como ‘Sálvame’ decidieron contar los segundos hasta que se pudieran despixelar las fotos que Juls había publicado en su cuenta de Instagram.
Esto provocó en su momento un acalorado debate entre los ciudadanos, que ven esta práctica como algo indebido. Ahora, ha sido la justicia la que ha hablado. El anuncio de la mayoría de edad de Julia Janeiro en Telecinco desencadenó una campaña de acoso y amenazas tanto físicas como virtuales. Esto ha resultado en una condena por parte de Mediaset de 220.000 euros por intromisión ilegítima en el honor de la joven.
Además, la sentencia abre la puerta a otros famosos influencers para que sigan los mismos pasos que la hija de María José Campanario y que protejan su derecho al honor, la intimidad y a la propia imagen de la misma manera.
Las durísimas consecuencias de la sentencia.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Arcos de la Frontera, Cádiz, ha emitido una sentencia a la que ha tenido acceso el medio de comunicación El Confidencial, la cual puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial. Esta resolución judicial determina que Mediaset ha cometido un delito de intromisión ilícita en los derechos de honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen de Julia Janeiro.
Por ese motivo, se impone una indemnización de 220 mil euros, 190 mil euros para el grupo y 30 mil para uno de sus colaboradores, Kiko Hernández, debido a las declaraciones que hizo en dos programas de ‘Sálvame’. Esta sentencia supone una indemnización muy significativa, que servirá de ejemplo para evitar actos de este tipo en el futuro.
En esta ocasión, las redes sociales han jugado un rol determinante. La sentencia se refiere a ella como una «influencer, o creadora de contenido», a quien siguen casi 230.000 personas en Instagram. El problema es que programas de televisión como ‘Sálvame’ y ‘Socialité’ publicaron sus fotos sin permiso, algo que se ha considerado ilegal.
Según explicó Mario Bonacho, uno de los abogados de la joven, «hay dos puntos fundamentales en este caso. Por un lado, la sentencia concluye que ‘ser personaje público no se hereda’. Que tus padres sean famosos no te hace figura pública, sobre todo cuando siempre has rechazado dar entrevistas y hablar con medios, como ha sido el caso de Julia».
«Además, el hecho de que Julia publicara en Instagram muchas fotos personales no es excusa para que un medio o una tele las coja sin permiso expreso para destripar su vida», añadió Bonacho. La sentencia reabre el viejo debate sobre qué se considera ser personaje público y qué no.
Además, la sentencia hace referencia a la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, que asegura que «la finalidad de una cuenta abierta en una red social en internet es la comunicación de su titular con terceros, y no publicar la imagen del titular de la cuenta en un medio de comunicación».
«Mostrar tu vida privada en Instagram y convertirse en influencer no implica convertirse en esclavo de ello. Si nunca has colaborado con la prensa rosa, ni concedido entrevistas donde hablas de tu vida privada, no eres persona pública a efectos jurídicos», zanjó.