La magistrada que decretó el encarcelamiento preventivo del jugador Dani Alves por la supuesta violación de una chica el pasado 30 de diciembre.
Dani Alves sigue en prisión por una presunta violación a una joven en una discoteca de Barcelona. El futbolista brasileño ha cambiado su versión de los hechos, pero las pruebas de ADN confirman que hubo sexo con penetración. Su exmujer lo defiende y su abogado alega que fue consentido. La víctima, que teme ser reconocida, se opone a su libertad. No quiere que se repita el caso Robinho, otro jugador condenado por violación en Italia que vive impune en Brasil.
La joven que denunció a Dani Alves vive un calvario desde el día 30 de diciembre, cuando ocurrió la supuesta agresión sexual en la discoteca Sutton. Ese día, ante las cámaras y los testigos, ya decía: «No me van a creer».
Pensaba que la fama de Dani Alves iba a pesar más que su palabra. Pero la justicia le ha dado la razón hasta ahora, y el futbolista sigue en prisión provisional. Sin embargo, la joven tiene miedo de que los medios de comunicación la identifiquen. «Tiene pánico», dice su abogada.
El caso no se detiene. La jueza que ordenó el ingreso en prisión de Dani Alves ha rechazado que dos asociaciones del sector del ocio nocturno se personen como acusación popular en el proceso. La Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) y la patronal Spain Nightlife querían ejercer esa acción, pero la magistrada lo ha denegado.
La magistrada que decretó el encarcelamiento preventivo del jugador Dani Alves por la supuesta violación de una chica el pasado 30 de diciembre en el local Sutton de Barcelona ha denegado la petición de dos entidades del ámbito del ocio nocturno de intervenir como acusación popular en el procedimiento. Se trata de la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) y la patronal Spain Nightlife, que querían personarse en el caso para defender los intereses del sector.
En el auto judicial, al que se ha tenido acceso este lunes, la jueza ha expuesto que estas entidades no tienen la legitimidad suficiente para ejercer la acusación popular y que no han acreditado previamente su interés directo en la cuestión, como considera que deben hacer las organizaciones que pretendan asumir ese papel.
Además, ha indicado que la discoteca Sutton actuó en todo momento con diligencia al activar el protocolo contra las agresiones y los acosos sexuales, por lo que no se ha producido un daño a la imagen o la reputación del sector. Por lo tanto, las patronales de ocio nocturno han presentado un recurso de apelación en el que expresan su «total disconformidad» por tener que demostrar un interés directo en la presente causa para personarse como acusación popular.
«Si bien esta parte tiene claro que el bien jurídico protegido del delito enjuiciado es la integridad y libertad sexual de la persona agredida, los delitos contra la libertad sexual no son delitos privados, razón por la cual cualquier ciudadano español puede comparecer como acusación popular, sea o no ofendido por el delito, es decir, aunque no se haya visto afectado directamente por el delito en cuestión», argumentan en el recurso, recogido por Europa Press.
Asimismo, aclaran que, mientras la acusación popular tiene una legitimación derivada del derecho a participar en la Administración de justicia y no necesita afirmar que ha sido ofendido por el delito para que se le reconozca el derecho para ejercitar la acción penal, la acusación particular «deriva de un perjuicio directo».