Tennessee tiene previsto ejecutar este miércoles a Christa Pike, que se convertiría en la primera mujer ejecutada en el estado en más de dos siglos. Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Collen Slemmer, cometido en una zona apartada del campus agrícola de la Universidad de Tennessee. En el crimen participaron también su novio, Tadaryl Shipp, y un amigo, aunque únicamente Pike fue sentenciada a la pena capital. Shipp tenía 17 años en el momento de los hechos y, debido a su edad, no podía ser condenado a muerte. Finalmente recibió una pena de cadena perpetua.
Slemmer, que tenía 18 años cuando fue asesinada, fue sometida a torturas antes de morir de forma especialmente violenta a causa de las heridas provocadas con un arma blanca. Pike ha hablado sobre la ejecución que se aproxima en una grabación de audio sin editar difundida por sus abogados al diario *The New York Times*. «Recorro esta ejecución todos los días en mi corazón», señaló la condenada. «Pase lo que pase el 30 de septiembre, este ya no será mi infierno», afirmó Pike al periódico.
El impacto de los abusos sufridos durante su infancia
Algunos expertos consideran que las circunstancias que rodearon la infancia de Pike podrían haber influido en la sentencia si su caso hubiera sido juzgado en la actualidad. Durante el juicio de 1996 no se expusieron los episodios de abandono y los abusos sexuales y físicos que sufrió cuando era menor. Organizaciones defensoras de los derechos de los condenados a muerte reclaman ahora que estos antecedentes sean tenidos en cuenta por jueces y jurados al valorar el caso.
«Christa Pike probablemente no sería sentenciada a muerte si fuera juzgada hoy. Mucho ha cambiado», afirmó al *Times* Robin Maher, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Su caso se ha convertido así en objeto de debate sobre cómo han evolucionado los criterios utilizados para imponer la pena capital y sobre el peso que deben tener los antecedentes de violencia y trauma durante la infancia.
Expertos de la ONU piden frenar la ejecución
A comienzos de septiembre, varios expertos de Naciones Unidas solicitaron a Estados Unidos y a las autoridades de Tennessee que paralizaran «de inmediato» la ejecución de Pike y conmutaran su condena. En su petición recordaron los abusos que sufrió durante su infancia, así como el sufrimiento físico y psicológico experimentado durante los años que ha permanecido en el corredor de la muerte.
Durante su estancia en régimen de aislamiento a la espera de la ejecución, Pike fue diagnosticada con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático. Según sus abogados, estas circunstancias contribuyeron a su estado mental en el momento en que se produjo el asesinato. Mientras tanto, Amnistía Internacional mantiene una campaña de recogida de firmas dirigida al gobernador de Tennessee, Bill Lee, con la que reclama que detenga la ejecución y conceda a Pike un indulto.