Su hija denuncia que Ramón llevó su cuerpo al límite para cuidar de Ana mientras la ayuda por dependencia no llegaba
Ana Bernier y Ramón Muñoz habían compartido prácticamente toda una vida cuando la enfermedad empezó a arrebatarles poco a poco su autonomía. Los problemas físicos fueron aumentando hasta convertir las tareas más sencillas del día a día en un desafío para ambos.
Ante esa situación, la familia recurrió al sistema público de dependencia con la esperanza de obtener el apoyo que necesitaban. Sin embargo, los trámites avanzaron a un ritmo muy distinto al de sus enfermedades.
La situación de Ana comenzó a agravarse especialmente a partir de 2019. Primero aparecieron intensos dolores de espalda y, más adelante, una caída le provocó la fractura de un hombro. La pandemia complicó su rehabilitación y terminó perdiendo prácticamente la movilidad de aquel brazo.
Con el tiempo aparecieron también problemas de memoria, cambios de comportamiento y un deterioro cada vez más evidente. Durante años, la familia no consiguió saber con certeza qué le ocurría. No fue hasta agosto de 2024 cuando recibió el diagnóstico de Parkinson Plus, una enfermedad neurodegenerativa poco frecuente.
Ramón también arrastraba importantes problemas de salud. Desde hacía años padecía síndrome SAPHO, una enfermedad rara que le causaba fuertes dolores y dificultades de movilidad. Tenía reconocida, además, una discapacidad cercana al 50%.
Su estado empeoró drásticamente a finales de 2021. Una fístula arteriovenosa en la médula lo dejó paralizado de cintura para abajo y los médicos le advirtieron de que existía la posibilidad de que no volviera a caminar.
Ramón consiguió volver a caminar para acompañar a su hija al altar
Pese al pronóstico, Ramón tenía un objetivo que le daba fuerzas para continuar con la rehabilitación: quería llevar a su hija Ana al altar en su boda, prevista para 2022.
Finalmente lo consiguió. Ramón pudo asistir apoyándose en un andador, mientras que su esposa tuvo que acudir a la ceremonia en silla de ruedas.
Después de la boda, la convivencia diaria se volvió todavía más difícil. Aunque Ramón sufría sus propias limitaciones como consecuencia de la lesión medular, terminó asumiendo gran parte de los cuidados de su mujer.
Su hija ha explicado que su padre llegó incluso a levantar a Ana en peso para ayudarla, a pesar de que él mismo tenía serios problemas de movilidad. Un esfuerzo físico que llevó su cuerpo al límite mientras la familia seguía esperando una respuesta administrativa.
En julio de 2022, después de que a Ana le fuera reconocido un 75% de discapacidad, sus familiares solicitaron el reconocimiento de la dependencia para ambos.
La resolución de Ramón tardó alrededor de un año y medio. No llegó hasta enero de 2024, cuando se le reconoció un Grado 1 de dependencia.
El expediente de Ana se demoró todavía más. La familia descubrió que su solicitud había quedado paralizada y tuvo que presentar una reclamación para conseguir que el procedimiento continuara.
Finalmente, Ana obtuvo un Grado 3, el nivel máximo de dependencia. Sin embargo, el reconocimiento llegó cuando su estado de salud ya se encontraba muy deteriorado.
La ayuda llegó demasiado tarde
Ana falleció en septiembre de 2024 a causa de una insuficiencia respiratoria. Según explica su hija, murió sin haber recibido de forma efectiva el dinero de la dependencia ni la asistencia profesional asociada a la prestación que habían solicitado.
Ramón sobrevivió apenas unos meses más. Falleció en febrero de 2025 después de sufrir un infarto cerebral.
La historia de la pareja refleja una realidad que afecta a miles de familias que esperan una valoración o una prestación del sistema de dependencia.
Según los datos del Observatorio Estatal de la Dependencia recogidos por El Español, más de 255.000 personas continuaban en lista de espera. Hasta mayo de 2026 habían fallecido 15.450 solicitantes mientras aguardaban una valoración o una prestación, lo que supone alrededor de 85 personas al día.
La demora media para completar un expediente se situaba en 320 días en el conjunto de España. En Andalucía, comunidad en la que residían Ana y Ramón, la espera alcanzaba los 446 días.
Para su hija, la historia de sus padres evidencia una contradicción difícil de asumir: las personas que solicitan ayuda por dependencia lo hacen precisamente porque necesitan una respuesta urgente. Mientras los procedimientos administrativos siguen avanzando, las enfermedades no se detienen.
En el caso de Ana y Ramón, los dos fallecieron sin llegar a beneficiarse de manera efectiva del apoyo público que habían solicitado cuando todavía estaban vivos.