El consistorio madrileño y la letrada que representa a Maricarmen, Beatriz Duro, mantuvieron el lunes por la tarde un encuentro con la firma dueña del piso del que la mujer, de 87 años, fue desalojada. Después de varias horas de negociación, ambas partes llegaron a un principio de acuerdo para que la octogenaria regrese a su vivienda, si bien el pacto no será firme hasta que ella misma lo apruebe.
De acuerdo con lo explicado por Duro en una comparecencia posterior, se ha pactado que Maricarmen abone un alquiler equivalente al 30% de sus ingresos durante un periodo de ocho años. La abogada expresó su pesar porque la solución haya llegado tarde y después de atravesar una situación que, en sus palabras, nadie debería vivir jamás, aunque reconoció que el desenlace resulta más positivo para todas las partes implicadas. También manifestó su deseo de que este caso sirva para transformar el modelo de vivienda y avanzar en su regulación, destacando la disposición favorable mostrada por la propiedad para llegar a un entendimiento.
El pasado viernes, el Ayuntamiento había descartado por considerarla inviable la propuesta urgente presentada por Urbagestión, que planteaba incluir el inmueble en el programa municipal Reviva —destinado a recuperar pisos para alquiler social—. Desde el consistorio se justificó el rechazo por motivos burocráticos, al entender que la oferta no encajaba con los requisitos legales exigidos ni por este programa ni por otras vías de adquisición pública. Las normas de Reviva exigen que las viviendas estén libres de deudas y prohíben las adjudicaciones directas, condiciones que la propuesta de la inmobiliaria no satisfacía.
Cinco días después del desalojo, Maricarmen —que tiene reconocida una discapacidad del 50%— seguía hospitalizada, en parte a causa de un episodio de ansiedad leve.
El Ayuntamiento se ofrece como intermediario
Según fuentes del Partido Popular dentro del consistorio, fue la propia Urbagestión quien solicitó al Ayuntamiento que actuara de intermediario para negociar con Maricarmen el pago de una renta. Desde el gobierno municipal se respondió que no estaban en condiciones de asumir esa función directamente, aunque sí se ofrecieron a facilitar una reunión conjunta entre la inmobiliaria, la defensa y la familia de la afectada, y el propio Ayuntamiento. Las mismas fuentes sostienen que existe margen para el entendimiento, aunque insisten en que el encuentro debe quedar documentado en un acta y que se informe directamente a Maricarmen. Esto dejaría al margen de la cita al Sindicato de Inquilinas, una de las organizaciones que más ha impulsado las protestas por este desahucio.
Preguntadas sobre si el Ayuntamiento respaldaría económicamente a Maricarmen en caso de impago, fuentes populares señalaron que la decisión debe estudiarse con cautela para no crear un precedente ni desviarse de los criterios establecidos en los programas de vivienda. Todo esto ocurre mientras continúan las protestas y se mantiene la acampada instalada en la Puerta del Sol en reclamo del derecho a la vivienda.
El Gobierno central negocia su decreto de vivienda
Paralelamente, el Ejecutivo central trabaja contrarreloj para reunir los apoyos necesarios y sacar adelante este martes su decreto de vivienda, que contempla medidas como blindar a los inquilinos frente a los desahucios y frenar la compra con fines especulativos. El Ministerio de Vivienda ya ha adelantado algunas de las líneas en las que trabaja, aunque no logran convencer a Sumar, socio de coalición, que advierte de que todavía queda lejos un acuerdo. Sin el respaldo suficiente en el Congreso, cualquier norma que apruebe el Gobierno quedaría derogada, tal como sucedió en abril pasado. El decreto que impulsa el departamento de Isabel Rodríguez se articula en torno a diez líneas de actuación que, por el momento, no se han detallado.