La Guardia Civil desmantela una presunta red de explotación laboral que operaba en La Rioja y libera a ocho víctimas
La Guardia Civil ha logrado desarticular una compleja organización criminal asentada en La Rioja que, presuntamente, llevaba años aprovechándose de personas vulnerables para obtener importantes beneficios económicos mediante la explotación laboral. La denominada operación ‘Portus-Cale’ ha culminado con la detención de cinco personas acusadas de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, delitos contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales. La investigación ha permitido además rescatar a ocho víctimas, hombres de entre 40 y 74 años, que habrían permanecido durante largos periodos sometidos a condiciones de trabajo extremas y a una situación de total dependencia respecto a sus explotadores.
Una estructura familiar que controlaba todos los aspectos de la vida de las víctimas
Las pesquisas desarrolladas por los investigadores permitieron identificar a un clan familiar que presuntamente actuaba como núcleo de toda la actividad delictiva. Al frente de la organización se encontraba una mujer conocida entre los trabajadores como la “jefa”, quien dirigía las operaciones junto a su marido, dos de sus hijos y la pareja de uno de ellos. Desde varias viviendas ubicadas en la localidad riojana de Rincón de Olivedo, este grupo coordinaba la captación, alojamiento y explotación de trabajadores portugueses que se encontraban en situaciones personales especialmente delicadas y vulnerables.
Según los investigadores, el entramado anulaba progresivamente la autonomía de las víctimas hasta convertirlas en personas completamente dependientes de sus explotadores. El objetivo era mantener un control absoluto sobre ellas para utilizarlas como mano de obra barata en diferentes sectores económicos, obteniendo elevados beneficios económicos a costa de su trabajo.
Jornadas maratonianas, ausencia de descanso y salarios inexistentes
La investigación ha puesto al descubierto un escenario de explotación especialmente grave. Las víctimas eran obligadas a realizar jornadas laborales que oscilaban entre las 12 y las 16 horas diarias, sin que existieran descansos semanales ni se respetaran domingos o festivos. Los trabajadores permanecían en una situación de disponibilidad permanente, teniendo que aceptar cualquier tarea que les fuera encomendada por los responsables del clan.
Entre los trabajos desarrollados figuraban labores agrícolas relacionadas con la poda y el mantenimiento de viñedos, reformas integrales de viviendas, trabajos de construcción y servicios de transporte y portes. Los investigadores han constatado que no existía una organización laboral regular, sino una imposición constante de tareas en función de las necesidades económicas de los explotadores.
La situación económica de las víctimas era igualmente alarmante. Algunas de ellas llegaron a acumular años de trabajo sin recibir ningún tipo de salario, mientras que otras apenas percibían cuatro euros por hora trabajada. Incluso de esas cantidades mínimas se descontaban gastos relacionados con tabaco o alcohol, reduciendo aún más los ingresos de unos trabajadores que dependían totalmente del grupo criminal para subsistir.
Condiciones de vida degradantes y uso del alcohol como herramienta de control
Además de la explotación laboral, las víctimas convivían en unas condiciones que los investigadores consideran incompatibles con unos estándares mínimos de dignidad. Los trabajadores eran alojados en viviendas que carecían de condiciones adecuadas de habitabilidad, con importantes deficiencias de higiene, espacios reducidos y ausencia de las comodidades más básicas.
Las pesquisas también han revelado que los explotadores suministraban alcohol de forma habitual a los trabajadores. Según la Guardia Civil, esta práctica no respondía a una cuestión de asistencia o convivencia, sino que constituía una estrategia destinada a incrementar la dependencia de las víctimas, dificultar su integración social y reforzar el control que el clan ejercía sobre ellas.
La alimentación tampoco reunía condiciones adecuadas. Los afectados habrían llegado a consumir carne en mal estado mientras permanecían bajo la supervisión de la organización. Todo ello contribuía a mantener un entorno de aislamiento y sometimiento que favorecía la continuidad de la explotación.
Agresiones y castigos para quienes no podían trabajar
La investigación ha permitido documentar episodios de violencia física contra algunos de los trabajadores. Según las diligencias practicadas, determinadas víctimas fueron agredidas por el simple hecho de encontrarse enfermas e incapacitadas para acudir a su jornada laboral. Estos comportamientos formaban parte de un sistema de intimidación destinado a impedir cualquier tipo de oposición a las órdenes impuestas por los responsables de la organización.
Los investigadores sostienen que el miedo, la dependencia económica y el aislamiento social constituían elementos fundamentales para garantizar el sometimiento de los trabajadores y evitar que denunciaran la situación que estaban sufriendo.
La muerte de una víctima durante la investigación
Uno de los episodios más trágicos descubiertos durante la operación tuvo como protagonista a una de las víctimas de la organización. Según ha podido determinar la Guardia Civil, esta persona decidió abandonar las condiciones de explotación a las que estaba sometida y marcharse por su cuenta.
Durante su huida fue atropellada en la carretera N-232 por tres vehículos distintos, falleciendo como consecuencia de las graves lesiones sufridas. Aunque los investigadores han incorporado este hecho a las actuaciones, la información difundida hasta el momento no atribuye el atropello directamente a los integrantes de la organización criminal.
Más de 2,5 millones de euros ingresados en apenas tres años
El análisis económico realizado durante la operación ha permitido cuantificar el importante volumen de dinero que presuntamente generaba la actividad del clan. Los investigadores han constatado que las dos principales responsables de la organización llegaron a ingresar en sus cuentas bancarias un total de 2.517.593 euros desde el año 2022, cantidades vinculadas principalmente a trabajos agrícolas realizados por los trabajadores explotados.
Estas cifras reflejan la dimensión económica de una actividad que habría convertido la explotación laboral en una fuente de ingresos extraordinariamente rentable para sus responsables. Precisamente por ello, entre los delitos imputados figura también el de blanqueo de capitales.
Clientes bajo sospecha y una bodega investigada
La investigación no se ha limitado exclusivamente a los integrantes del clan familiar. La Guardia Civil ha conseguido relacionar la actividad de la organización con distintos viticultores, agricultores y particulares de La Rioja Baja y de la Ribera de Navarra que contrataban regularmente los servicios ofrecidos por el entramado.
Entre los investigados figura una bodega y uno de sus directivos, sobre quienes pesan sospechas por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Según los datos obtenidos durante la operación, la empresa habría abonado al grupo criminal alrededor de 569.000 euros por diferentes servicios prestados.
Los investigadores sostienen que en numerosos casos los clientes conocían las condiciones de precariedad en las que trabajaban las víctimas, una circunstancia que ahora está siendo objeto de análisis dentro de las diligencias judiciales abiertas.
Registros, dinero en efectivo y vehículos de alta gama
Con toda la información recopilada durante meses de investigación, los agentes llevaron a cabo un amplio dispositivo que incluyó siete registros en distintos inmuebles vinculados a la organización. El resultado de estas actuaciones permitió intervenir cerca de 30.000 euros en efectivo, joyas valoradas en más de 150.000 euros, abundante documentación susceptible de aportar nuevas pruebas y un total de ocho vehículos.
Entre los automóviles intervenidos figuraban cinco vehículos de alta gama, presuntamente adquiridos con los beneficios obtenidos mediante la actividad criminal. Además, se procedió al bloqueo de siete cuentas bancarias utilizadas por los investigados para gestionar los ingresos derivados de la explotación laboral.
Una operación coordinada desde Calahorra
La operación ‘Portus-Cale’ ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Calahorra, que ha contado con el apoyo de diferentes especialidades del Instituto Armado. El trabajo conjunto de los investigadores ha permitido poner fin a una actividad que, según las pesquisas, llevaba tiempo operando en distintas zonas de La Rioja y Navarra aprovechándose de personas especialmente vulnerables.
La investigación continúa abierta y no se descarta que puedan producirse nuevas actuaciones a medida que avance el análisis de la documentación y del material intervenido durante los registros practicados.