Cuando un hecho conmociona a todos.
Hay sucesos que traspasan lo individual y se instalan en el corazón de toda una comunidad. Son momentos en los que la rutina se interrumpe bruscamente y la atención colectiva se centra en una misma historia. La sensación de incredulidad se mezcla con la necesidad de encontrar explicaciones, de entender en qué punto fallaron las personas o las instituciones. Este es uno de esos casos que sacuden, no solo por su desenlace trágico, sino por las grietas que deja al descubierto en el sistema.
En Linares, todavía se habla en voz baja de lo ocurrido, como si el silencio fuese la única manera de asimilarlo. Vecinos, familiares y profesionales coinciden en que el dolor se extiende más allá de las personas directamente afectadas. Lo sucedido no fue simplemente un accidente doméstico: abrió un debate sobre custodia, cuidados y decisiones institucionales. La búsqueda de respuestas ha llevado este caso a los tribunales.
El día que lo cambió todo.
Fue en mayo cuando un niño de dos años perdió la vida tras permanecer encerrado durante horas en un coche estacionado. Quien tenía su custodia temporal, un hombre de 72 años, lo olvidó en el vehículo durante aproximadamente seis horas, en plena jornada calurosa. Cuando lo encontró, ya era demasiado tarde: la falta de oxígeno había provocado un desenlace irreversible. La noticia conmocionó a toda la localidad y rápidamente escaló a nivel nacional.
Este jueves ha arrancado el juicio que busca aclarar si se trató de un accidente imprevisible o de una negligencia evitable. Las primeras horas de vista han estado marcadas por testimonios emotivos y por un ambiente tenso en la sala. Se espera que este proceso no solo determine responsabilidades individuales, sino que también examine posibles fallos en la cadena institucional que rodeaba al menor.
Voces que reclaman ser oídas.
Entre las personas que han acudido al tribunal se encuentran Julia Domínguez y Sara, tía y prima de la madre biológica del niño. Han tomado la palabra con la voz cargada de emoción para recordar que su familia siempre quiso cuidar del pequeño. Para ellas, este juicio representa una oportunidad de alzar la voz en un proceso en el que sienten que fueron apartadas desde el principio. Su intervención no fue improvisada: llevaban meses esperando poder ser escuchadas públicamente.
Aseguran que el niño no debería haber estado en acogida ese día y que, de haber permanecido con ellos, su historia podría haber sido distinta. Sus declaraciones apuntan directamente a decisiones previas de la Junta de Andalucía. Con cada frase, no solo relatan hechos, sino que transmiten una mezcla de indignación, tristeza y exigencia de justicia.
Un sentimiento de despojo.
“Sentimos que nos arrebataron al niño y nos lo devolvieron sin vida”, afirma Julia, sin poder contener el temblor en su voz. Denuncia que desde el inicio detectaron irregularidades en la forma en que se les retiró la custodia, sin que se valoraran adecuadamente sus capacidades familiares. Para ellas, no se trata únicamente de un error humano aislado, sino de una cadena de decisiones institucionales que acabaron en tragedia. Lo que buscan ahora es que esas decisiones sean revisadas con transparencia.
Recuerdan al pequeño como un bebé alegre, querido y perfectamente atendido en su entorno familiar. “Estaba bien donde estaba, no entendemos cómo pudo terminar así”, añade Julia con lágrimas contenidas. Sus palabras generan un silencio denso en la sala, como si cada persona presente comprendiera el peso de esa frase.
Decisiones bajo la lupa.
El menor fue puesto en acogida tras una resolución de la Junta de Andalucía, que consideró que la discapacidad de sus padres biológicos suponía un impedimento para su crianza. Sin embargo, Sara sostiene que esa valoración fue injusta y basada en prejuicios más que en hechos objetivos. “Tener una discapacidad no equivale a no poder cuidar de un hijo”, afirma con determinación, consciente de que este punto puede marcar un precedente. Sus palabras cuestionan directamente el funcionamiento del sistema de protección.
Este aspecto será crucial en el desarrollo del juicio, que no se limita a establecer culpas individuales. Lo que está en juego es también la confianza en los mecanismos institucionales encargados de velar por el bienestar infantil. Si se confirma que hubo errores de fondo, podrían abrirse debates y reformas sobre cómo se toman este tipo de decisiones en el futuro.